El reciente VI Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, ( IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC) de manera contundente, señala la innegable contribución humana a la modificación del clima y sus impactos sobre el ambiente y la calidad de vida. Alcanzar un incremento en la temperatura de 1.5 grados (actualmente hemos llegado a 1.1 grados de aumento) con respecto a la época preindustrial se torna cada vez más cercano, a menos que se emprendan acciones drásticas para generar transformaciones en múltiples sectores incluidos la energía, el transporte y la agricultura y la ganadería.
Por su parte, la Plataforma Internacional sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus siglas en inglés), el hermano menor del IPCC, ha publicado numerosos estudios e informes alertando sobre la pérdida de la diversidad biológica y sus impactos sobre la naturaleza y los humanos (IPBES Home page | IPBES secretariat).
Ante la llamada de atención proveniente de la mejor ciencia, el comercio y la inversión internacionales se convierten en aliados imprescindibles para hacer frente a los desafíos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad y para mejorar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrolla la producción y el consumo de bienes y servicios.
Requisitos ambientales para acceder a los mercados
Los requisitos ambientales exigidos a los productos y a los procesos de producción han sido objeto de especial atención debido a sus efectos sobre el acceso a los mercados y la competitividad de las empresas, especialmente tratándose de las pequeñas y medianas (PYMES) así como por su potencial contribución para mejorar el medio y el desempeño ambiental. Estos requerimientos pueden tratarse de reglamentaciones jurídicamente obligatorias o de instrumentos de carácter voluntario y conllevan oportunidades, así como desafíos para los productores de bienes y servicios.
Los reglamentos y normas pueden establecer requisitos relacionados con el contenido de los productos, la prohibición del uso de ciertas sustancias o procesos, el contenido de materiales reutilizados que debe poseer el producto, su reciclabilidad y degradabilidad, los contenidos máximos de determinados tipos de residuos químicos, la reducción de la “ huella de carbono” o de la “huella hídrica” e inclusive se ha sugerido- sin haberse aún implementado- ajustes en fronteras para productos provenientes de naciones con menores estándares ambientales, especialmente con relación a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Recientemente la Unión Europea presentó formalmente su borrador, mecanismo de ajustes en frontera, para aquellos bienes que posean una alta huella de carbono debido a las políticas domésticas, menos rigurosas, para su producción existentes en las naciones de origen. Canadá ha anunciado que analiza iniciativas similares a los de la Unión Europea.
Igualmente, un número creciente de acuerdos voluntarios concertados entre los vendedores, compradores y organizaciones no gubernamentales han comenzado a jugar un papel importante en la demanda de determinadas características de los bienes a ser adquiridos. Asimismo, cualitativamente los requisitos ambientales muestran una tendencia a ser más estrictos y complejos. En el sector electrónico, alimentación y textiles se ha incrementado la cantidad de componentes que se encuentran prohibidos o restringidos.
Estas y otras disposiciones han proliferado en los últimos años. Ello conlleva ventajas y desventajas para un país como el nuestro con una rica biodiversidad y una reputación verde.
En primer lugar, los requisitos ambientales se aplican a sectores de especial interés como en el caso de la agricultura, el forestal y la pesca, aunque gradualmente se han extendido a una amplia gama de actividades productoras de bienes y servicios.
En segundo término, estas disposiciones pueden afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas, las cuales carecen del acceso oportuno a la información y a la posibilidad financiera y técnica de reconvertir rápida y fácilmente sus procesos productivos para hacer frente a las nuevas exigencias.
En tercer lugar, muchos de estos productos son especialmente sensibles a un aumento en los costos de producción, el cual puede tener importantes consecuencias en la competitividad de los mismos en los mercados de exportación.
Por último, la participación de los países en desarrollo en la formulación de muchas de las normas internacionales que luego les serán aplicables no resulta siempre la más adecuada por razones financieras o de otra índole.
Oportunidades de mercado
Sin embargo, a la vez surgen oportunidades para los llamados “bienes ambientalmente amigables”, que pueden crear nichos para ciertas actividades especialmente relacionadas con el uso de recursos naturales. Tal es el caso de los productos forestales, pesqueros, el turismo sostenible y la agricultura sostenible, entre otros, aún y cuando para la promoción de éstas, como amigables con el medio, se requiere usualmente de un proceso de certificación por parte de terceros que puede resultar relativamente costoso para ciertas empresas.
En todo caso, la adopción de tecnologías y procesos de producción más limpios pueden beneficiar al ambiente, la salud y la economía de los países de producción y exportación, obteniéndose de esta manera beneficios directos e indirectos para todos.
Los mercados y los consumidores, cada vez exigen un mejor desempeño ambiental a los productos y procesos que están dispuestos a comprar, lo cual se traducirá en un impacto en la forma tradicional de generar bienes y servicios. A este movimiento se han unido las denominadas “compras públicas sostenibles” que pretenden utilizar el poder de compra del Estado para premiar a quienes ofrezcan bienes y servicios más amigables con el medio o que consideren criterios sociales, por ejemplo, emplear a personas provenientes de grupos particularmente desfavorecidos.
Cada día son más las empresas buscan obtener certificaciones ambientales (de la más diversa naturaleza), tales como las normas ISO 14001, Buenas Prácticas Agrícolas, carbono neutralidad, entre otras; se establecen programas de responsabilidad social empresarial, de Producción Más Limpia o similares, o bien, se adhieren a iniciativas que requieren reportar a la sociedad y sus empleados sobre el desempeño ambiental y social de la organización.
Más que visualizar esta realidad como una amenaza, debe mirarse como una oportunidad para un país que alberga un importante porcentaje de la biodiversidad mundial (cerca de un 6 por ciento) y que cuenta con un prestigio ambiental que puede ser explotado.
La regulación mundial del comercio internacional y las disposiciones ambientales.
La introducción cada vez mayor de disposiciones ambientales aplicables al comercio, especialmente aquellas de naturaleza obligatoria, ha despertado igualmente inquietudes respecto a su relación con las reglas mundiales que gobiernan el mismo, en especial la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los múltiples acuerdos bilaterales o regionales de comercio vigentes.
La OMC y su antecesor el GATT han tenido oportunidad de referirse al tema en varias oportunidades: dos veces por las restricciones impuestas al comercio de atún aleta amarilla y sus productos, debido a la muerte de accidental de delfines; con respecto a las medidas contempladas en la legislación estadounidense para proteger las tortugas por la pesca del camarón; y ha resuelto otras diferencias que son relevantes, pero en áreas diferentes al bienestar animal, por ejemplo, al analizar las prohibiciones a la importación y comercio de asbesto y productos que lo contengan y a la importación de llantas usadas, entre otros.
No existe una respuesta única a muchas interrogantes, pero al menos reconocerse que en las circunstancias ambientales actuales y considerando el modelo de desarrollo sostenible, la manera como se produce un bien (el método de producción o en el caso que nos ocupa su “huella de carbono”) es tan importante como los efectos que su uso o consumo pueden tener en la salud de las personas o en el ambiente del país importador.
Surgen para Costa Rica oportunidades para promover un desarrollo económico y social basado en la llamada “bioeconomía” que nos permita competir en los mercados internacionales mediante usos innovadores e inteligentes de nuestros recursos biológicos.
Por: Jorge Cabrera Medaglia, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica y Consultor internacional en derecho ambiental.
Correo: jorgecmedaglia@hotmail.com
