El pasado mes de septiembre, la Procuraduría General de la Republica emitió un dictamen que hace un cambio total en el enfoque respecto de la fiscalización de la actividad orgánica en Costa Rica, asignando y dejando claro que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Sistema Fitosanitario del Estado (SFE) tienen el deber legal de ser rectores de la agricultura orgánica nacional, y les corresponde su fiscalización como un deber primario.
Dentro de los protagonistas que propiciaron ese hecho histórico, se encuentra el diputado Luis Ramón Carranza, vecino de la zona mas productora de piña como la Región Huetar Norte. Por lo que es reconocido como un aliado del sector y de las buenas prácticas agrícolas, por lo que productores han encontrado una voz y representante en la Asamblea Legislativa.
Revista Piña de Costa Rica conversó con el legislador y expresó sentirse optimista con su gestión y sobre el dictamen de la Procuraduría General de la Republica. “Costa Rica debe garantizarle al mundo la inocuidad, la trazabilidad y la transparencia en los productos que comercializa en las diferentes partes del mundo, y en el caso de la agricultura orgánica es un tema que desde hace años se viene hablando de la necesidad de un Estado costarricense que supervise que los productos que comercializamos cumplan con las reglas que en el caso de la agricultura orgánica se establece”, nos expresó Carranza.
Para el legislador, ante esa coyuntura, gestiono una reunión con los actores clave que fueron el Ministerio de Agricultura y Ganadería que es el ente regente, el Servicio Fitosanitario del Estado que es el ente supervisor, productores, la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica y la Procuraduría General de la República, para generar conciliaciones con todos los temas que generaban dudas hasta ese momento.
En dicha reunión, el tema principal a conciliar era un criterio existente de la Procuraduría que generaba dudas pues decía que el estado no tenia que certificar que un producto cumplía con todos los requisitos para venderse como orgánico en los mercados internacionales y que bastaba con que el comprador (quien recibía el producto) lo aceptara como producto orgánico, aunque no lo fuera. Por tanto; sin hacer los respectivos análisis de campo y reglamentación de supervisión.
“Ese tema se lo expusimos al señor procurador dado además el riesgo a la corrupción, dado que un certificador podía ser productor y receptor del productor en un mercado como Estados Unidos o Europa, y él mismo estar diciéndose que es producto orgánico cuando no es lo es. O sea, vender productos convencionales como orgánicos”, detalló Carranza Cascante.
Algo en lo que enfatiza Carranza es que la consulta debía hacerse por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pero que, aun así, desde su despacho también hicieron llegar una consulta sobre el tema por lo que lo único que quedaba era esperar. Finalmente, el MAG hizo la consulta y de manera bastante eficaz la Procuraduría respondió en una nota (oficio PGR-C-266-2021) donde dice y aclara que el Servicio Fitosanitario del Estado debe hacer trabajo de campo, que los certificadores deben estar acreditados en Costa Rica y así ser responsables del producto con sello nacional orgánico sea realmente producido con la legislación de primer mundo.
“Aquí lo que cerramos fueron los portillos. Costa Rica cierra portillos a posibles fraudes. Costa Rica le dice al mundo que de ahora en adelante tendrá cada producto que sale del país como orgánico, estará certifica responsablemente. Significa seguridad para los mercados internacionales, para los consumidores que son el objetivo y también para que no exista competencia desleal”, dijo el legislador.
Según Carranza Cascaste, seguirá vigilante de que estas obligaciones se cumplan pues la Procuraduría es clara sobre la ordenanza que debe seguir y aplicarse, dejando claro que hay herramientas para el trabajo de supervisión y acreditación, detallando que ahora en adelante es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Gobierno de la República, son responsables del sello de producto costarricense orgánico.
