Esta realidad se podría ilustrar con una historia que se vive desde el 2017, y son las tres denuncias presentadas por el sector piñero, en especial de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro), quienes han presentado denuncias que aún no se resuelven y es esa situación la que tiene preocupado al sector ante lo que llaman negligencia y falta de ganas de resolver, del Servicio Fitosanitario del Estado.
El Reglamento de Estándares Orgánicos de Estados Unidos define el concepto “orgánico” como “un término de etiquetado que se refiere a un producto agropecuario producido de conformidad con la ley. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre de 1995 define como actividad agropecuaria orgánica como: “…la que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química…”. Como se puede observar lo que define qué es “orgánico” y que no lo es va mucho más allá del tema puntual de residuos.
Ciertamente no puede recibir el calificativo de orgánico lo que aparezca manchado con residuos químicos, pero, a la inversa, un producto sin residuos no puede calificarse de orgánico si no ha sido producido observando todas las prácticas que reglamentaria y legalmente se han establecido en Costa Rica y los países con los que nuestro país comercia.
Lentitud en investigaciones preocupa a Cámara de Agricultura Orgánica
Para el Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, Oscar Salas, la situación es compleja y muy difícil para el sector pues para ellos el Sistema Fitosanitario del Estado no cumple su trabajo como debe, lo que está provocando competencia desleal y mala imagen país.
“Tenemos ya tres denuncias presentadas, además una denuncia ante la defensoría de los Habitantes porque consideramos que este tema debe avanzar y sentar responsabilidades. Además, en 2017 la comisión de Ingreso y Gasto Público investigó sobre las exportaciones fraudulentas de piña orgánica falsa a Europa y Estados Unidos, misma que llegó a la conclusión que hubo un aparente fraude a la normativa orgánica y a los deberes que los diferentes operadores, auditores, y servidores públicos involucrados, misma situación que no se resuelve a hoy”, expresó Salas.
Mismo informe que en conformidad con lo que indica el artículo 278 del Código Penal, recomendó al Ministerio Público analizar la investigación para que determine la existencia de noticia de delitos de acción pública y acciones de la manera que ordena la ley. Asimismo, como la actuación de las instituciones que tuvieran que ver con el sector como COMEX- Procomer, Ministerio de Agricultura, y agencias certificadoras en el territorio nacional.
La Cámara, afirma que también se ha recurrido a las instancias internas del Sistema Fitosanitario del Estado como la dirección de la entidad y auditoría, pero ambas han sido malas experiencias donde afirman se encuentran con una desconexión con el sector. Las investigaciones siguen en pie, sin avance alguno excepto la investigación ante la Defensoría de los Habitantes que avanza en el debido proceso ante esa institución.
